En nombre del pueblo y del gobierno dominicano agradezco al Gobierno de Guatemala por ser anfitrión de este Quincuagésimo Primer Período de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, y por la elección del tema: “Por una América Renovada”.
Casi resulta una verdad de Perogrullo señalar que la pandemia del COVID-19 ha constituido uno de los grandes desafíos del último medio siglo, confirman la necesidad de redefinir y establecer nuevas estrategias de gestión en todos los sectores del quehacer social y político, que apunten al bienestar y a un modelo de desarrollo, verde, justo, equitativo y sostenible.
Se agrega además un debilitamiento, en muchos de nuestros países, del Estado de derecho y la democracia, la independencia de los poderes públicos y el respeto de los derechos humanos, resaltando en el día de hoy la fundamental importancia de la libertad de expresión. Persisten todavía, inaceptables elementos de exclusión social, desigualdad y de deterioro progresivo de nuestros ecosistemas.
El continente ha estado atravesando desde hace varios lustros, importantes choques ideológicos que nos han impedido enfrentar los verdaderos retos de este siglo con la debida diligencia. Pareciera que este retroceso nos ha obnubilado al hecho de que un mundo mejor está a nuestro alcance.
Permítanme una breve reflexión. Recuerdo vívidamente, porque estuve presente, la firma de los tratados sobre el Canal de Panamá, ocurridos el 7 de septiembre de 1977, hace 44 años, en ese mismo Salón de Las Américas desde donde hoy el Ministro Brolo preside esta Asamblea General. Nos invito a rememorar ese momento e imaginar los jefes de Estado que ocuparon los asientos en ese magno cónclave, cuando todavía no se había iniciado la tercera ola democratizadora en nuestro continente. Solo basta mirar las fotos del evento para confirmar el estado de la democracia en ese momento. Muchos de esos jefes de Estado hoy pertenecen a una estirpe inefable que quedó relegada a los más aborrecibles anales de nuestra historia.
Digo esto, consciente de que algunas naciones hermanas viven situaciones cruentas y de gran dificultad, las cuales no quiero minimizar. Hago esta reflexión para afirmar que con el esfuerzo conjunto podemos superar esta difícil etapa y recobrar el sendero de la libertad y la democracia.
Ahora bien, para lograr este objetivo, es imprescindible trabajar en un ejercicio colectivo, sin permitir que las divergencias sean un obstáculo, de forma tal que impere un compromiso regional para materializar los valores comunes en que se cimienta, para República Dominicana, esta indispensable organización.
La OEA, que pronto celebrará 75 años de su fundación, juega un rol central como referencia hemisférica en materia de fortalecimiento de la democracia, siendo uno de sus principales resultados la Carta Democrática Interamericana, que cumplió 20 años recientemente, y que constituye un instrumento normativo valiosísimo que permite concertar acciones multilaterales para la defensa de nuestros valores democráticos comunes.
Con sus luces y sombras, como en toda obra humana, la OEA ha sido en múltiples ocasiones un faro de esperanza para los ciudadanos de las Américas. En nuestra opinión vale más la pena corregir los desaciertos, y no perder sus capacidades acumuladas y los acuerdos alcanzados. En el espíritu de aportar a cualquier iniciativa sobre su futuro, nos insto a avanzar hacia un gran pacto de gobernanza democrática que construya sobre los cimientos de la Carta Democrática Interamericana.
Es en este sentido que Costa Rica, Panamá y República Dominicana venimos colaborando en el marco de lo que llamamos Alianza para el Desarrollo en Democracia con el objetivo de promover propuestas sobre los temas más relevantes y acuciantes que enfrenta nuestra región.
El compromiso con la promoción de la democracia y los derechos humanos me obliga a hacer referencia a algunas situaciones de urgencia actuales.
La situación de Haití ha llegado a un punto dramático debido al nivel de violencia e inseguridad dado el control territorial que han logrado las pandillas, convirtiendo la vida cotidiana de los ciudadanos en una pesadilla. Las pandillas han: bloqueado la distribución de combustible; saqueado hospitales; secuestrado centenares de personas para cobrar rescates millonarios; imposibilitado la distribución de alimentos, contribuyendo a la grave crisis alimentaria; perpetrado numerosas masacres y violaciones; sin que la Policía Nacional Haitiana pueda, por sí sola, revertir esta situación. Algunos conocedores de la situación haitiana han señalado que, si no se acude en ayuda de Haití pronto, la autoridad estatal en ese país podría colapsar en cuestión de semanas o meses.
Las autoridades haitianas han reconocido que necesitan asistencia internacional para recuperar el control exclusivo del uso legítimo de la fuerza y reestablecer el orden y la paz social. Solo después de haber logrado esto puede llevarse a cabo un plan integral para el desarrollo de Haití.
Debemos ser proactivos, nuestras manos no están atadas. Esta organización tiene mecanismos para brindar apoyo inmediato a Haití. Uno de esos instrumentos es la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), cuya misión incluye la cooperación hemisférica para la protección y seguridad portuarias. El acceso al combustible es un elemento esencial, que en este momento se ha convertido en un asunto de vida o muerte por el bloqueo de los puertos por las pandillas. La Comisión Interamericana de Puertos puede desempeñar un rol vital para destrabar esta situación. Por tanto, consideramos urgente que esta Asamblea instruya al Secretario General a trabajar junto a la delegación haitiana y la Comisión para ofrecer la asistencia técnica requerida por Haití.
Por otro lado, la experiencia regional nos indica que Haití requiere un diálogo político amplio, inclusivo, sostenido y de buena fe, que permita a los distintos actores lograr un pacto de gobernabilidad que restaure la legitimidad democrática, la institucionalidad y la confianza de la comunidad internacional. Nuestra región tiene que entender que este es el nudo gordiano de la crisis y, por lo tanto, debe encaminar todos los esfuerzos necesarios para facilitar ese diálogo.
Reiteramos que República Dominicana seguirá colaborando dentro de nuestras posibilidades, pero debe quedar claro: no hay ni habrá una solución dominicana a la crisis haitiana; ésta solo encontrará respuesta con el esfuerzo concertado de los propios haitianos.
En relación con Nicaragua, el gobierno dominicano considera que las elecciones del pasado día 7 de noviembre no reunieron las condiciones para ser consideradas libres, justas y competitivas. Esto contraviene la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana y debe ser rechazada contundentemente. Instamos al gobierno nicaragüense a poner en libertad a los presos políticos y a tomar las acciones apropiadas para el retorno al sendero de la democracia.
Asimismo, reiteramos que República Dominicana apoya el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, y abriga la esperanza de que éste llegue a un acuerdo político de gran envergadura que permita en un futuro unas elecciones presidenciales libres, justas y transparentes.
Estimados colegas,
En lo que respecta a la pandemia, el gobierno dominicano ha aplicado unas 12 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Gracias a ello el 76.6% de la población meta tiene su primera vacuna, el 63% tiene dos vacunas y ya un 16% tiene la tercera dosis de refuerzo.
El plan ha sido un éxito, logrando la disminución de los casos de contagio y las defunciones. Esto ha permitido el restablecimiento de importantes sectores económicos y de creación de empleos, dentro de los cuales se destaca el turismo, el cual se proyecta que muy pronto superará los niveles de visitantes pre-pandemia.
Debido a circunstancias excepcionales, República Dominicana tuvo la oportunidad de hacer una cooperación sur-sur, donando más de 400,000 dosis a varios países hermanos de la región.
Finalmente, quiero resaltar el gran trabajo que realiza la Organización a través de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). Para el gobierno dominicano, resulta prioritario fortalecer las políticas públicas encaminadas a eliminar cualquier forma de discriminación y violencia contra la mujer. Asimismo, propugnamos por la asignación de mayores recursos para la Secretaría de la CIM con miras a incrementar programas en favor de los derechos de las mujeres, la equidad de género y la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer.
Colegas, ¡reforcemos el compromiso de trabajar por una América renovada!
Muchas gracias.
